PIMEC, UNEFCAT y EolicCat rechazan la petición de moratoria y defienden la contribución de Cataluña a la lucha contra la emergencia climática

Barcelona, ​​12 de mayo de 2021.- PIMEC, UNEFCAT y EolicCat se oponen de forma categórica a la petición de moratoria en la implantación de energías renovables en Cataluña que promueven algunos colectivos, con el apoyo de grupos políticos, dado que no hay ninguna razón que justifique su necesidad; y cualquier propuesta de cambio en la normativa vigente puede llevarse a cabo sin la necesidad de un paro.

Después de más de una década de moratoria de facto, que ha hecho a Cataluña pionera en generación de energías renovables a la cola del Estado, una nueva moratoria supondría una irresponsabilidad política por la imposibilidad para Cataluña de alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno de la Generalitat, el Parlamento de Cataluña y la Unión Europea de implantación de renovables como estrategia prioritaria de lucha contra la emergencia climática. Una moratoria que, además, hipotecaría la soberanía energética del país.

La sensación de inseguridad generada por la eventualidad de una moratoria tiene ya un impacto directo. En primer lugar, ha ralentizado el flujo de proyectos a tramitar a través de la administración catalana y ha favorecido a la agrupación de proyectos para superar los 50 MW de potencia y tramitarlos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico .

En este contexto, se daría la paradoja de que los grandes parques y sus promotores quedarían fuera del alcance de la moratoria.

Por otra parte, en las comarcas de Aragón cercanas a Cataluña, se están impulsando 7.000 MW eólicos y 8.500 MW fotovoltaicos, que podrían cubrir la demanda catalana. Así lo refleja la planificación de Red Eléctrica de España con el trazado de redes de muy alta tensión con destino a la zona metropolitana de Barcelona ya  otras zonas de alto consumo, a través de la Terra Alta, las Terres de l’Ebre y Ponent.

Si los 15.500 MW renovables de Aragón se instalaran en Cataluña, supondrían, para los municipios que los alojasen, 430,6 millones de euros en cuanto a impuesto de construcción (ICIO), más de 57,3 millones anuales durante 25 años en impuestos municipales (BICE e IBI) y más de 46 millones anuales para los propietarios de los terrenos en concepto de alquiler. En cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo, supone ocupar a más de 50.000 personas/año en fase de construcción y 11.500 puestos directos e indirectos derivados de su mantenimiento, permanentes durante toda la vida de las instalaciones.

La generación y acceso garantizado a la energía renovable será un factor decisivo para determinar la competitividad de las empresas y de sectores industriales estratégicos como el químico, la automoción o la siderurgia, y las decisiones de localización y deslocalización. Disponer de recurso renovable suficiente generado en Cataluña será un condicionante clave para favorecer la descarbonización industrial.

El Decreto Ley 16/2019 desarrolla la regulación más estricta del Estado sobre renovables

El Decreto Ley 16/2019 es una norma necesaria y de consenso, como constata la ratificación por una amplísima mayoría en el Parlament de Cataluña, recibiendo sólo 4 votos en contra de las CUP y 4 abstenciones del PP.

El Decreto Ley 16/2019 es la norma más estricta y garantista del Estado. Crea un nuevo instrumento administrativo transversal, la ponencia de las Energías Renovables de Cataluña que, con carácter previo a la tramitación, evalúa cada una de las propuestas de acuerdo a los impactos medioambientales y paisajísticos en la actividad agraria y el patrimonio cultural. La actuación de la ponencia está siendo, a criterio de las entidades, excesivamente rigurosa por tratarse de una evaluación preventiva que aborda aspectos propios de la fase posterior de tramitación. Además, la toma de decisiones en la ponencia por unanimidad endurece mucho más los dictámenes resultantes.

Hasta la fecha, la ponencia ha rechazado el 39% de los proyectos eólicos analizados y el 38% de los fotovoltaicos, y sólo el 36% de eólicos y el 5% de fotovoltaicos han sido considerados viables sin condiciones. Una vez superada la ponencia es necesario iniciar el proceso de tramitación del proyecto, donde están llamadas a intervenir todas las administraciones y organizaciones del territorio con intereses legítimos en el proyecto en concreto.

Cabe decir que, de todos los proyectos que han superado la evaluación de la ponencia, tan sólo cuatro fotovoltaicos y ningún eólico (que suman un total de 29,1 MW) han iniciado el trámite de exposición pública. Por eso, de acuerdo con las entidades, resulta interesado y falso hablar de alud de proyectos, si se tiene presente que Cataluña acumula una década de moratoria.

El falso debate sobre el modelo

PIMEC, EolicCat y UNEFCAT son totalmente favorables a impulsar proyectos de base ciudadana, comunitaria o cooperativa, así como de autoconsumo energético. Algunas de las personas y empresas miembros de las entidades firmantes lo han promovido activamente y han participado en estos proyectos.

Aunque el avance del autoconsumo en Cataluña, impulsado en gran parte por las medidas que incluye el Decreto Ley 16/2019, es de los más importantes de todo el Estado, ya que a día de hoy se ha alcanzado una potencia de 100,3 MW, es preciso tener en cuenta, sin embargo, que sólo con autoconsumo fotovoltaico, instalando los paneles sobre los tejados, no hay suficiente superficie disponible y se llegará, en el mejor de los casos, a cubrir sólo un 25% de la demanda eléctrica estimada para el año 2050. Las instalaciones sobre terreno también son imprescindibles para alcanzar los objetivos necesarios para la transición energética.

Por lo que respecta a la eólica, en los últimos 11 años, en los que los proyectos de base ciudadana, comunitaria o cooperativa no estaban sujetos a ninguna limitación, sólo un proyecto cooperativo eólico, Viure de l’Aire del Cel, ha visto la luz. Un proyecto en el que ninguna de las entidades y organizaciones que promueven la propuesta de moratoria han participado a pesar de ser invitadas a ello. Sin embargo, no existe ningún proyecto de estas características expuesto en la ponencia de renovables a partir del Decreto-Ley 16/2019.

Los compromisos de implantación de renovables para 2030, necesarios para que Cataluña alcance los objetivos climáticos y energéticos del Gobierno, el Parlamento y la Unión Europea, son claros: 4.090 MW de nueva capacidad eólica y 6.270 MW de nueva capacidad fotovoltaica en Cataluña.

Desde que en 1984 se instalase el primer aerogenerador en Cataluña, la capacidad de generación renovable es de 1.271,1 MW en capacidad de generación eólica y 344,54 MW en capacidad de generación solar fotovoltaica, equivalentes, respectivamente, al 5% y 4% del total de capacidad de generación eólica y solar fotovoltaica en servicio en la España peninsular a 31 de diciembre de 2020.

Unos datos que constatan la irresponsabilidad de cualquier actuación, sea política o administrativa, que ampare o promueva una moratoria a la implantación de proyectos de energías renovables en Cataluña.