Las empresas eólicas de Cataluña demandarán al Gobierno por inacción y daño patrimonial

  • EolicCat afirma que los promotores eólicos sufrirían un daño económico cuantificable de 150 millones de euros, a resultas de la acción política del Gobierno y el alcance del cambio normativo.
  • Las acciones jurídicas a emprender derivan del impacto de la disposición transitoria segunda del nuevo DL 24/2021, si se interpreta retroactivamente la disposición transitoria segunda.

Barcelona, ​​4 de noviembre de 2021.- EolicCat estudia hacer efectiva una demanda contra el Gobierno de la Generalitat por la falta de acción de la administración en la tramitación de los expedientes de energías renovables desde la constitución del nuevo Gobierno el pasado mes de mayo.

A esta demanda se sumaría la reclamación contra el Gobierno que varios promotores tienen prevista realizar si finalmente la administración considera que la disposición transitoria segunda tiene efectos retroactivos sobre los proyectos que ya han superado positivamente el trámite de la ponencia.

Según cálculos de EolicCat, las pérdidas que los promotores han sufrido, en primer lugar por las instrucciones del Gobierno hacia los órganos administrativos competentes para detener la gestión de los expedientes y, en segundo término, por el impacto del cambio regulador, es de 500.000 euros de media por proyecto. Esta cantidad incluye el coste de elaboración del proyecto técnico y el cobro indebido de las tasas que los promotores pagan a las administraciones, locales y autonómica, en concepto de gastos para la tramitación de un expediente que no se ha llevado a término, y que supondría más de 30 millones de euros. Además, habría que añadir la reclamación por la posible pérdida de los avales depositados para garantizarse los derechos de conexión a la red de los proyectos, regulados por normativa estatal y que, aunque el Decreto prevé su devolución, la Generalitat no es competente para regular ese aspecto. Los depósitos de los proyectos presentados en la ponencia ascienden a 120 millones de euros. En total, el conjunto de las reclamaciones contra el Gobierno podría alcanzar los 150 millones de euros.

Para EolicCat, se da un caso flagrante de cambio de las reglas del juego a medio partido, generando una inseguridad jurídica y un perjuicio substancial a los promotores que ya habían iniciado la tramitación ante la ponencia. Jurídicamente y según EolicCat, la retroactividad de la norma no está justificada, menos cuando se trata de una modificación del Decreto anterior (y no de una nueva ley).

La inconstitucionalidad planea sobre el nuevo Decreto

En una reunión de urgencia celebrada esta semana para evaluar el impacto del nuevo Decreto Ley, muchos de los asociados de EolicCat han apuntado a la posibilidad de sumar, a las demandas patrimoniales, acciones de denuncia contra la administración por inactividad y desviación de poder con incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables públicos dado que, presuntamente, han detenido la tramitación de los expedientes que habían superado la ponencia desde la configuración del nuevo gobierno, el pasado mes de marzo. La propia consellera Jordà, en más de una ocasión, ha hecho declaraciones en este sentido, expresando que se detenía cualquier tramitación hasta la aprobación del nuevo Decreto, como efectivamente ha sucedido.

Para EolicCat, esta actuación impide el correcto funcionamiento de la administración y amenaza la estabilidad profesional de los funcionarios, forzando el incumplimiento de sus obligaciones a responder en los plazos regulados o empleando maniobras dilatorias injustificadas que los departamentos jurídicos han compilado a efectos de la querella.

EolicCat, por otra parte, apunta a que parte de las disposiciones con las que se modifica el Decreto Ley 16/2019 son susceptibles de inconstitucionalidad, y así lo ha reiterado repetidamente en el departamento de Acción Climática al conocer el borrador del texto. Para los promotores eólicos, el actual redactado del Decreto añade, a la regulación de las renovables en Cataluña, un elemento más de incertidumbre e inseguridad jurídica.

La pérdida de los derechos de conexión: letales para la transición y la soberanía energética de Cataluña

La pérdida de los avales, además del impacto patrimonial en las empresas, implica la pérdida de los derechos de conexión a la red de estos proyectos que iban a implementarse en municipios catalanes y que, ahora, quedarán a disposición de otros grandes proyectos de generación que se podrán implementar desde fuera de Cataluña.

Otra paradoja del nuevo Decreto, que se anuncia como acelerador del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, es que no contempla ninguna novedad destacada en este sentido, salvo la declaración responsable para los proyectos de autoconsumo sin conexión a la red. El nuevo Decreto, además, es cojo al limitar las medidas de impulso a las tecnologías fotovoltaica y eólica, dejando de lado otras relevantes como la biomasa, los biocombustibles o la eficiencia energética.

En este sentido, para EolicCat, aunque el Decreto no contempla una moratoria, las nuevas condiciones de tramitación dejan la transición energética que necesita el país, la de mayor capacidad y que permite abordar la transición energética al tejido industrial catalán, fuera del ámbito de decisión política de la ciudadanía catalana y de su Govern. El actual Decreto empuja a que la gran demanda de energía renovable en Cataluña se cubra a partir de instalaciones fuera de Cataluña, preferentemente de Aragón, como ya está pasando; o bien que los promotores agrupen proyectos para su tramitación desde el Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, en busca de un marco jurídico más estable. Algunos de los miembros de EolicCat prevén utilizar esta vía. En definitiva, en ambos casos, Cataluña pierde la soberanía y la capacidad de decidir.

Una pequeña parte de los promotores se ha pronunciado favorable a intentar tramitar nuevos proyectos eólicos de acuerdo a los criterios marcados por el Decreto Ley 24/2021, aprovechando que no se ha establecido la moratoria, a pesar del incremento de las restricciones.

Para Víctor Cusí, presidente de EolicCat, “la ciudadanía de Cataluña es la gran perjudicada con el redactado actual del Decreto. Primeramente, porque deberá resarcir con dinero público, dinero de todos, el daño causado por la falta de previsión o valentía de los políticos y, en segundo lugar, porque supondrá, de nuevo, un retraso importante en el avance de una transición energética efectiva y con garantías de progreso por el país, además de una pérdida de soberanía irrecuperable”.