Cumplir con la PROENCAT supone más de 14.000 M€ para los municipios de Cataluña

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El Informe de Situación 2024 del Observatorio de las Energías Renovables en Cataluña (OBERCat) confirma que el ritmo de despliegue de energías renovables es todavía demasiado lento para lograr los objetivos de la PROENCAT 2030 y 2050. De cara al 2030, se tendría que lograr una producción anual de 35,1 TWh de electricidad de origen renovable y Cataluña solo ha cubierto un 20% de la generación eléctrica renovable necesaria por de aquí cinco años.

En este escenario, la energía eólica aparece como pieza clave, pero a la vez como la asignatura pendiente más relevante. El 2024, los aerogeneradores catalanes generaron 2.835,5 GWh de electricidad, una cifra que equivale a un 6,4% de la demanda eléctrica. Lejos de crecer, la producción eólica retrocedió un 7,8% respecto al 2023. Este retroceso se explica no por carencia de potencial ni de proyectos disponibles, sino por el bloqueo administrativo. En 2024, la Generalitat no autorizó ningún parque eólico terrestre nuevo, y buena parte de los proyectos que ya habían superado la evaluación ambiental continuaban encallados en los trámites urbanísticos.

Tasas elevadas sin retorno para desencallar proyectos

Según el informe, en 2024 la Generalitat no autorizó ningún proyecto de parque eólico terrestre y cuatro de los seis proyectos de parques eólicos autorizados en 2023 (Galatea, Conca de Barberà I, Conca de Barberà II y Conca de Barberà III) todavía no habían obtenido la aprobación definitiva de los Proyectos de Actuación Específica (PAE) de las Comisiones Territoriales de Urbanismo.

Esta parálisis administrativa contrasta con el elevado coste que asumen los promotores eólicos. Cataluña aplica las tasas de tramitación más altas de todo el Estado, hasta cuatro veces superiores a las otras comunidades autónomas. Por ejemplo, mientras que en Andalucía o Castilla y León las tasas se sitúan alrededor de los 30.000 euros por parque eólico, en Cataluña pueden llegar a los 130.000 euros. En conjunto, los proyectos eólicos han abonado 4,1 millones de euros en tasas en la Generalitat, sin que esto se traduzca ni en una mayor dotación de recursos, ni en una mejora de la agilidad administrativa.

Propuestas para desencallar la transición

En este contexto, OBERCat ha propuesto medidas concretas para facilitar el despliegue de las renovables: vincular el interés público superior con la imposibilidad de moratorias genéricas, modificar la orden de tramitación para que la autorización energética de la Generalitat sea definitiva, introducir el silencio administrativo positivo si las Comisiones Técnicas de Urbanismo no resuelven en plazo, y agilizar la elaboración del Plan Territorial Sectorial para la Implantación de Energías Renovables (PLATER).

Cataluña dispone todavía de un amplio potencial por devenir un referente en sostenibilidad energética, especialmente con el impulso de la eólica marina a raíz del Real Decreto 962/2024. Según datos del OBERCat, la nueva capacidad eólica y fotovoltaica podría generar unos 15.001,4 millones de euros en ingresos para ayuntamientos y rentas de alquiler de terrenos hasta el 2080, y entre 4.159 y 5.740 puestos de trabajo anuales en construcción hasta el 2040, convirtiéndose en una de las principales palancas para lograr los objetivos climáticos y reforzar la economía del país.

Retirada del Decreto Ley 12/2025

Mientras la dependencia del exterior aumenta —las importaciones crecieron un 8,1% y ya cubren el 15,4% de la demanda— y la nuclear continúa aportando más del 50%, Cataluña mantiene parado el recurso renovable con más capacidad de crecimiento inmediato. La cartera de proyectos eólicos y solares disponibles suma más de 27.193,54 GWh anuales de generación potencial, una cifra superior a toda la producción de los tres reactores nucleares catalanes cuando operan a pleno rendimiento.

En este contexto de bloqueo y retraso acumulado, en 2025 arrancó con el debate del Decreto Ley 12/2025 de resiliencia eléctrica e impulso a las renovables, que reconocía por primera vez las instalaciones eólicas y los sistemas de almacenamiento como infraestructuras de interés público superior. La norma no prosperó en su versión inicial, pero ha servido para poner en el centro del debate una cuestión inaplazable: Cataluña no puede posponer más el despliegue de la energía eólica si quiere garantizar la seguridad del suministro, reducir la dependencia exterior y mantener su competitividad industrial.