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Nueva ruta para recuperar el liderazgo europeo en renovables

“Dar prioridad a la eficiencia energética, convertirnos en líder mundial de energías renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores”. Son los tres objetivos fundamentales del Clean Energy Package, el paquete legislativo presentado el pasado 30 de noviembre para la Comisión Europea (CE) para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y recuperar el liderazgo de Europa en el sector de la energía renovable.

El llamado “paquete de invierno”, aun pendiente de recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, ha sido diseñado para reorganizar los mercados de energía eléctrica durante el periodo 2020-2030 y facilitar “la transición hacia la energía limpia”.

Objetivos climáticos “a la europea”

El borrador de propuestas legislativas establece un listado de objetivos que los países de la Unión Europea deberán cumplir antes de 2030, como reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40%, que las renovables cubran al menos un 27% de la demanda energética y aumentar la eficiencia energética en un 30%.

Por eso, los estados miembro deberán elaborar Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima con 2030 como horizonte, que promuevan las energías renovables y la reducción de emisiones. Estos planes se enviaran a la Comisión en 2019, entraran en vigor en 2020 y a partir de entonces se revisaran cada dos años. Paralelamente, Bruselas pide a los países que preparen estrategias para 2050, año en que se espera que las emisiones hayan sido ya reducidas al mínimo posible.

“Dinero inteligente” y renovables

“Las energías limpias atrajeron en 2015 una inversión global superior a los 300.000 millones de euros”, recoge el comunicado difundido para la CE, que ve la transición energética como una “oportunidad industrial concreta” que supondría “un aumento de hasta el 1% del PIB durante la próxima década y 900.000 nuevos puestos de trabajo”. Las renovables, asegura la institución, son “el sector de crecimiento del futuro, y aquí es precisamente donde se encuentra el dinero inteligente”.

El paquete de medidas prevé también proteger las energías renovables en caso de crisis, aunque valida el sistema de “mecanismos de capacidad”, ya existente en países como España o Francia, que facilita que las plantas de generación eléctrica tradicionales se mantenga en espera sin producir para cubrir la demanda en caso de necesidad. Un sistema que las organizaciones ecologistas, que se miran la nueva normativa con no pocas sospechas, han señalado que podría encubrir subsidios a las energías fósiles. No obstante, la propuesta normativa de la UE establece que los mecanismos de capacidad serán, siempre, un mecanismo de último recurso, que sólo se podrá usar en casos muy justificados y excepcionales.

Los consumidores primero

La estrategia que hay detrás de la posible nueva normativa dota de mayor protagonismo a los consumidores, los cuales, según el ejecutivo comunitario, podrá “escoger mejor los proveedores, acceder a comparadores de precios energéticos fiables y producir su propia energía”.

La propuesta legislativa prevé un sistema de precios más dinámico que limite las tarifas a los casos vulnerables, y una participación más activa de los consumidores en el mercado gracias a los contadores y redes inteligentes. Además, con este borrador la UE se posiciona a favor del autoconsumo, para el cual plantea simplificar las gestiones administrativas con una “venta única”, y establecer sistemas de mediación para comercializar los excedentes de energía producidos por los consumidores, como las “comunidades de energía” o los “agregadores”.

Además, el borrador legislativo insiste en la importancia de aumentar la eficiencia energética de los edificios, que actualmente suponen el 40% del total de energía consumida en la UE, para el cual alienta la renovación y adaptación a las nuevas tecnologías de los edificios, así como un mayor uso de renovables para los sistemas de calefacción y refrigeración. Para los consumidores esto supondrá, según la institución, un ahorro medio de unos 500 euros por hogar.

Ahora solo queda esperar y ver cuál será la normativa que será finalmente aprobada, y si las medidas y objetivos concretos acompañan los ambiciosos objetivos anunciados.